El cuatripartito denuncia ante la Fiscalía un aval por valor de 4’5 millones ante las irregularidades en su tramitación

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Una confort letter, una especie de aval bancario, por importe de 4’5 millones de euros ha provocado una nueva denuncia en esta caso ante la Fiscalía por parte del actual equipo de Gobierno contra el anterior alcalde Manuel Álvaro.
Esta confort letter vendría a avalar una operación de crédito de 4’5 millones de euros entre la empresa municipal EGUSA y Bancja (ahora Bankia) posiblemente para la compra de acciones del futuro centro comercial. Hasta ahí todo parece legal.

El problema que el actual equipo de Gobierno ha denunciado ante la Fiscalía son las irregularidades cometidas en la tramitación de la confort letter. Según fuentes del equipo de Gobierno, la confort letter carece del preceptivo informe previo de Intervención, del informe perceptivo de tesorería, en cuanto que el acuerdo exige mayoría absoluta y una cuerdo plenario por mayoría absoluta aprobando el Plan de Saneamiento y solicitando autorización a la Generalitat al superar Alboraya el límite legal de endeudamiento permitido por ley (110%).

Por todo ello el equipo de Gobierno ha decidido poner en manos de la Fiscalía el tema para tratar de averiguar porque esta confort letter no ha pasado estos procedimientos “y más cuando tenemos constancia de la existencia de otras confort letters que si han pasado esos requisitos legales”.

Además el equipo de Gobierno también ha pedido información a EGUSA para saber si hay más documentos contables de esta índole en su poder que no hayan pasado estos procedimientos legales para, en el cso de que sea así, reportarlo a la Fiscalía que será quien determine la responsabilidad del ex alcalde en este caso.

Según explicaron el alcalde, Miguel Chavarria, y los tenientes de alcaldía, Carmen Peris (UPPA), Angels Belloch (Compromís) y Javier Balaguer (Cialbo), “ni podemos ni dembemos ni queremos ser cómplices de esta situación.El Ayuntamiento de Alboraya no está para más sorpresas. Queremos la máxima transparencia. No queremos pensar que pasaría si esto tuviese consecuencias penales, jurídicas o económicas para el Ayuntamiento. Por eso hemos puesto el caso en manos de la Fiscalía”.

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