El Consorcio de Servicios Sociales de l’Horta Nord envía una carta de amor a Vela para pedirle los 500.000 € que le debe la Generalitat

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El Consorcio Comarcal de Servicios Sociales de l’Horta Nord es la entidad que gestiona los cinco centros de atención a personas con discapacidad, niños con problemas en el desarrollo evolutivo y dificultades del aprendizaje en la comarca. Pero desde junio, no reciben el dinero de la Generalitat para su funcionamiento y, desde noviembre, los trabajadores no cobran su sueldo.
Por ello, y después de haber realizado ya varios actos reivindicativos, los trabajadores y las familias de los cerca de 300 usuarios de estos centros han enviado una carta de amor, aprovechando el día de San Valentín, dirigida al conseller de Hacienda, José Manuel Vela, para reclamar una vez más la deuda que la administración autonómica tiene contraída con el Consorcio y que asciende a más de 491.000 euros.

También se ha solicitado una reunión, por segunda vez, con el subsecretario de Hacienda y Administración Pública, Ignacio Ventura para exigirle la información concreta y precisa sobre los plazos que manejan para el pago de las cantidades pendientes.

El Consorcio Comarcal de Servicios Sociales de l’Horta Nord se financia también con dinero de los 22 ayuntamientos que lo conforman y con una pequeña aportación de las familias que tienen a personas en alguno de los centros ocupacionales, centros de atención temprana o en el centro de día ubicados en Alboraia y Massamagrell.

Según han explicado los delegados sindicales de los trabajadores del consorcio en un comunicado, a día de hoy, la situación financiera de la entidad es “más que preocupante”. Las aportaciones de la Conselleria no se realizan desde el mes de junio y no se puede hacer frente a los préstamos y pólizas que se mantienen con los bancos.

Como consecuencia de ello, los trabajadores no perciben sus nóminas desde el mes de noviembre, los usuarios de los Centros Ocupacionales no perciben las ayudas para el comedor ni el salario por el trabajo que realizan, los proveedores tampoco cobran por sus servicios (comedor, limpieza, etc.), no hay recursos suficientes para el mantenimiento de las actividades cotidianas en los centros, el material escasea y no existe posibilidad de reposición e, incluso, algunos usuarios no pueden utilizar el servicio ante la falta de transporte. “Es decir, que la continuidad del servicio, tal y como se había desarrollado habitualmente, es imposible de mantener”, aseguran.

Calendario de huelgas y concentraciones
Las deuda que la Conselleria de Bienestar Social mantiene con el Consorcio Comarcal es de 491.462, 80 euros correspondientes a los expedientes de los 5 centros que gestiona. El último pago se realizó en el mes de junio de 2011.

Asimismo, la deuda que las entidades locales mantienen asciende a 101.743, 80 euros en total. De ellos, el Ayuntamiento de Almàssera adeuda 36.112, 89 euros ya que no ha cumplido con sus aportaciones económicas al Consorcio desde el año 2008.

La deuda del resto de ayuntamientos es de 16.431 euros el de Alboraia; 12.176, el de Burjassot; 8.035 el de Foios; 11.893 el de Moncada; 11.961 el de Paterna; 2.997 el Ayuntamiento de El Puig y 2.154 euros la Mancomunitat del Carraixet.

Como ninguna de las acciones realizadas hasta ahora ha tenido respuesta alguna de las administraciones implicadas y la situación es ya insostenible se ha convocado, por los cauces legales, un calendario de huelgas y concentraciones los días 21, 28 y 29 de febrero y los días 6, 7 y 8 de marzo.

Así, el 21 de febrero se realizará una concentración de 11.00 a 13.00 horas en la puerta de la Conselleria de Hacienda que se repetirá el 28 de febrero. Al día siguiente, el 29 de febrero, la concentración se trasladará a Almàssera, de 9.00 a 10.00 horas y, después, a la Conselleria de Bienestar Social de 11.00 a 13.00 horas.

Los días 6, 7 y 8 de marzo se realizarán tres concentraciones de 11.00 a 13.00 horas a las puertas de la Conselleria de Hacienda.

Con ello, los delegados de los trabajadores exigen “el pago inmediato de las cantidades pendientes” y recuerdan que “los usuarios son los principales perjudicados y no lo podemos consentir”.

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