Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Torrent, con la colaboración de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación documental (Ucrif) de Valencia han desarticulado a un grupo organizado formado por 12 personas a la introducción en España de personas de origen rumano para su posterior explotación laboral, según informó la Policía en un comunicado.
Los agentes calculan que las víctimas eran alrededor de 30 extranjeros a los que estafaron cerca de 72.000 euros.
Los acusados, una mujer y once hombres también de origen rumano de entre 25 y 30 años, han sido detenidos, diez de ellos como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación, contra los derechos de los trabajadores y asociación ilícita; y los otros dos como presuntos autores de los delitos de asociación ilícita y contra los derechos de los trabajadores.
Las investigaciones se iniciaron cuando los policías tuvieron conocimiento de la existencia de una trama dedicada a la introducción de personas de nacionalidad rumana, que eran captadas en su país de origen, y posteriormente, trasladadas hasta España para su explotación laboral.
Los agentes averiguaron que se trataba de una organización que mediante amenazas, coacciones y extorsiones mantenía a varios compatriotas suyos explotados. Previamente, habían contactado con las víctimas en su país y les habían prometido una oferta de trabajo estable, con una vivienda digna, por lo que se trasladaron hasta España.
A su llegada fueron alojados en dos viviendas de Torrent, en condiciones de hacinamiento y sin disponer de las mínimas condiciones de habitabilidad, como muebles o camas. Los inmigrantes eran llevados a los campos a diario, donde les obligaban a realizar jornadas abusivas de trabajo sin percibir salario alguno, ya que los detenidos extraían de sus cuentas bancarias las remuneraciones que percibían los inmigrantes explotados.
Para poder sacar los ingresos de los rumanos de las entidades bancarias, los detenidos les amenazaban con cuchillos de grandes dimensiones y diferentes coacciones sobre sus personas y sus familiares en Rumania con el fin de conocer su PIN.
Como consecuencia de las investigaciones, los policías conocieron que habían permanecido en esta situación unas 30 personas, a las que les habían sustraído unos 72.000 euros. Los doce detenidos pasaron a disposición judicial del juzgado de instrucción número cuatro de Torrent.
En el transcurso de la operación, los policías realizaron tres registros en Torrent donde intervinieron numerosa documentación bancaria como libretas con el nombre de las víctimas, cartillas, o códigos pin; cuatro cuchillos de grandes dimensiones; ocho teléfonos móviles; una videocámara; y diversa documentación de control de los trabajos en el campo.
