Delegación del Gobierno y la D.G. de la Administración Local declaran ilegal la anulación de la bolsa de empleo público

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La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y la dirección general de la Administración Local han declarado ilegal la revocación de la bolsa de empleo público del ayuntamiento de Rocafort, según ha anunciado el portavoz del Partido Popular de Rocafort, Alejandro Llácer.
Llácer, que ha informado hoy de la resolución de la denuncia presentada el pasado 29 de septiembre por el Grupo Popular municipal que da la razón al PP, ha señalado que “el dictamen evidencia que la alcaldesa Amparo Sampedro se ha saltado a la torera todo el procedimiento legal para eliminar la bolsa de trabajo que afecta a 174 personas con el único fin de tener manga ancha para contratar a dedo a los empleados públicos”.

El portavoz del PP ha explicado que ambos organismos han resuelto que “ni la alcaldesa, ni la junta de gobierno local, tienen competencias para anular la bolsa de trabajo y que estaba incurriendo en una ilegalidad al derogar las plazas de empleo público”, ya que para revocarla de manera legal, “debían haberse cumplido tres requisitos: dar audiencia a cada uno de los 174 afectados por la medida, someter a votación del pleno la declaración de lesividad y finalmente llevarla a los tribunales”.

Finalmente, el dirigente del PP se ha puesto “a disposición de todos los damnificados para ayudarles a hacer justicia”, al tiempo que ha advertido a la alcaldesa que “los afectados van a reclamar daños y perjuicios al consistorio por los sueldos que han dejado de cobrar de manera indiscriminada y totalmente ilegal”.

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