Decenas de personas consiguen suspender de manera provisional el desahucio de una mujer y su hijo

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Felisa había advertido unos minutos antes: “no me voy a ir. Que entren con gases lacrimógenos o con bombas si quieren, pero no me voy a ir”. Se refería a que no se iba a mover de su casa, la que “tanta salud y esfuerzo” le costó a su madre y donde ella, de 65 años, vive con su hijo, ambos, con diversos grados de discapacidad. Finalmente, no ha habido ni gases ni bombas, las decenas de personas apostadas en la puerta han impedido entrar a la comisión judicial que iba a entregar la orden de desahucio acompañada por la Policía.
Alrededor de un centenar de personas, convocadas por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Burjassot, han acudido al número 11 de la céntrica Carretera de Llíria, a escasos metros del Ayuntamiento, para intentar paralizar lo que parecía un desahucio inminente. Finalmente, los funcionarios, aunque escoltados por la policía, han decidido no insistir y, tras redactar y firmar el acta de lo ocurrido han abandonado el lugar ante el júbilo de los manifestantes y de Felisa y su hijo.

Sin embargo, la suspensión del desahucio es provisional, como ha informado el miembro de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Valencia José Luis González quien ha explicado que, en breve, llegará el anuncio de la nueva fecha de desahucio. Aún así, los asistentes han celebrado con sonoros aplausos y al grito de ‘Sí se puede’ y ‘El pueblo, unido, jamás será vencido’ esta batalla ganada mientras han quedado emplazados a seguir con la lucha para ganar la guerra.

Felisa y su hijo son víctimas, dice ella, de un “engaño” y es que, en el juicio que acabó con la orden de desahucio, se presentaron pruebas falsas pues “no coinciden las fechas de los documentos”. Felisa firmó un préstamo que avaló con su casa para ayudar a otro de sus hijos aunque nunca renunció al usufructo de su vivienda. Sin embargo, apareció un testigo que dijo que sí renunció por lo que el banco puede desalojarlos.

Desde la PAH de Burjassot intentan que se consiga un alquiler social, una medida que se ya se ha alcanzado en otros casos en el municipio y que consiste en que el banco se quede con el inmueble, acepte cancelar la deuda y alquile al antiguo propietario esa misma vivienda por un precio no superior al 30% de sus ingresos. Esta opción se llevó a cabo con otra vecina de la localidad que ha conseguido cancelar la deuda con la caja de ahorros con la que contrató la hipoteca y que esta le arrendara la vivienda por cinco años. © Celia Dubal/Hortanoticias

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