El sindicato CSI·F ha elaborado un informe a escala nacional sobre agresiones en 2015 a empleados públicos de Administración General del Estado. Entre los datos recopilados destacan las 223 amenazas graves y las 18 agresiones a funcionarios en la prisión de Picassent.
También el incremento de los incidentes en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal. En la provincia de Valencia, ha habido denuncias durante 2015 en Xàtiva, Manises, Ayora, Catarroja, Meliana y Felipe Rinaldi, en Valencia ciudad.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) resalta, en el informe estatal, que las agresiones en las oficinas de empleo a trabajadores públicos se han incrementado un 56 por ciento en el último año y hace hincapié en el aumento de insultos, amenazas o gritos, que en el 66 por ciento de los casos han tenido como receptores a mujeres. Este hecho provoca que muchos funcionarios sufran ansiedad, tensión, indefensión o angustia.
El sindicato destaca que en el ámbito de prisiones se registra el índice más alto de agresiones a empleados públicos. En la de Picassent, por ejemplo, las 241 agresiones y amenazas de 2015 suponen un incremento de un 20 por ciento en las incidencias respecto a 2014. Entre otras cuestiones, es informe destaca la falta de personal, con 3.400 vacantes y plazas no cubiertas en toda España, la saturación, la escasa plantilla en Psiquiatría o la falta de formación específica.
CSI·F exige a Instituciones Penitenciarias que garantice la seguridad y la salud de sus trabajadores. También reclama que “la violencia sea contemplada como objeto de la acción preventiva, haya o no antecedentes de la misma, en el conjunto de un protocolo para el conjunto de las administración públicas”. El sindicato pide más medidas de protección, promover campañas de dignificación del empleado público entre la ciudadanía o la consideración del empleado de la administración como agente de la autoridad pública.
