El juez instructor del caso Emarsa ha requerido al alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, imputado en el caso, para que comunique al juzgado antes de las 22.00 horas del viernes, si, además del único décimo que dice poseer del número agraciado con el segundo premio del sorteo de Navidad, posee participaciones de otros décimos del mismo número.
El juez emitió ayer una providencia por la que requería al alcalde que informara al juzgado durante la mañana del viernes si es cierto que le tocó la lotería del sorteo extraordinario de Navidad y, en caso afirmativo, cuántos décimos posee del número agraciado con el segundo premio vendido íntegramente en Manises y en qué entidad bancaria los ha depositado.
Tras haber informado Crespo de que tan sólo posee un décimo del número premiado, el juez ha ampliado el plazo hasta las 22.00 horas y se ha dirigido a él para preguntarle si, además, posee alguna participación del número premiado.
El juez Vicente Ríos dictó la providencia después de que el imputado afirmara en declaraciones a los medios de comunicación que tenía varios décimos del número 53.404, agraciado con el segundo premio del sorteo de Navidad, y que llevaba más lotería que el presidente de la Diputación, Alfonso Rus, que llevaba cinco décimos y al que le habían tocado 625.000 euros.
En consecuencia, el juez le pide que ponga de manifiesto "si es cierto que es poseedor de décimos del número agraciado con el segundo premio del sorteo extraordinario de la lotería de Navidad y, en caso afirmativo, que diga cuántos décimos posee, con indicación del número de serie y fracción".
Asimismo, Crespo debe indicar si ha depositado dichos décimos en una entidad bancaria y, en caso afirmativo, en cuál, y en caso de no haberlo hecho aún, cuando lo haga, que indique en el juzgado el nombre de la entidad.
Crespo, expresidente de Emarsa, está imputado desde el pasado mes de octubre en la causa que investiga supuestos delitos de estafa y malversación de fondos públicos en la antigua depuradora de Pinedo (Valencia), en la que hay 18 imputados y se investiga un agujero económico que podría alcanzar los 40 millones de euros.
