Cosital expresa su malestar por la suspensión de la interventora de Mislata y defiende su actuación

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El Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de España (Cosita) mostró hoy su malestar por el expediente disciplinario abierto por el equipo de gobierno de Mislata a la interventora municipal, a quien ha suspendido de forma provisional de su plaza por la supuesta comisión de faltas muy graves, y defendió en un comunicado la actuación de esta funcionaria.
La entidad reclamó que la competencia para sancionar se atribuya “a las administraciones superiores y no al alcalde”. En esta línea, expresó su “profundo malestar” por las “lamentables circunstancias” que acompañaron la notificación a la funcionaria de la apertura de expediente y que considera que podrían “vulnerar el principio constitucional de presunción de inocencia”, en referencia a que, según denunció el PSPV local, el alcalde “ordenó a la Polícia Local el seguimiento de la interventora municipal y su registro para evitar que sacara cualquier tipo de documentación comprometedora que pudiera poner al PP bajo las cuerdas”.

Cosital subrayó que la actuación de la interventora de Mislata, hasta donde conoce esta entidad, “ha sido de todo punto correcta, seria y profesional” y expresó su “solidaridad” con la funcionaria expedientada al tiempo que se reserva “las acciones que, tras un examen más a fondo de los hechos, le puedan asistir ante los órganos judiciales”.

Igualmente el Consejo General expresó su “más rotundo rechazo y malestar”, por la regulación por la que la Comunitat Valenciana “ha puesto en manos de los Ayuntamientos prácticamente todas las competencias sancionadoras sobre los Secretarios, Interventores y Tesoreros Municipales”.

Para la entidad, se trata de una regulación “inexplicable e inadecuada en el momento social actual, pues son las administraciones de nivel superior, Estado y Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las Diputaciones Provinciales, las que deben asistir y amparar a estos profesionales, para los que es necesario establecer las garantías necesarias para el ejercicio de su labor con objetividad, imparcialidad y neutralidad, sin presiones ni coacción alguna”.

Por ello, Cosital se ha dirigido a los órganos competentes de la Comunitat Valenciana para que “de manera urgente rectifiquen esa normativa y atribuyan la competencia para las sanciones” a la propia autonomía y “no la dejen en manos de los alcaldes o plenos municipales, para evitar situaciones como la de Mislata, de todo punto inaceptable, y para que sea la seriedad, la honestidad y el rigor los que imperen ante hechos y circunstancias como los sucedidos en Mislata”.

Cosital espera que la Comunitat sea “receptiva a esta justa reivindicación cuya última finalidad no es otra que la defensa de los derechos de los ciudadanos a una buena administración, transparente y de acuerdo con la ley y los principios del estado de derecho”.

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