La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un matrimonio a cumplir una pena de seis meses de prisión por estafar a unos 250 inmigrantes con contratos sin validez, ya que la empresa que los emitía no tenía capacidad para hacerlos efectivos. Junto a ellos, el tribunal ha condenado a otro hombre, natural de un municipio de Córdoba y vecino de Manises, a pagar durante un año una cuota diaria de seis euros por el mismo delito, el de estafa continuada.
La mujer involucrada es de Ecuador, pero se encontraba residiendo en Cuenca en situación regular; mientras que su esposo, también participante de la estafa, estaba en situación irregular, aunque tiene arraigo en el país al estar regulada su esposa. Por su parte, el otro condenado a pagar una multa es natural de un municipio de Córdoba, vecino de Manises.
Los tres, puestos de común acuerdo, idearon una estafa aprovechándose del proceso de normalización de extranjeros, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
En base a esta reglamentación, entre finales de abril y principios de mayo de 2005, se dedicaron a captar a extranjeros que pretendían participar el proceso, a los que ofrecían un contrato de trabajo necesario para completar la documentación requerida a cambio de una cantidad variable entre 400 a 1.000 euros.
El contrato lo facilitaba el amigo del matrimonio, puesto que era gerente de una empresa, con domicilio en Manises. Los pagos por esta gestión, que incluía la presentación de los documentos ante la Delegación de Gobierno, se hicieron al matrimonio en su domicilio de la calle Río Genil de Valencia.
Los condenados eran conscientes del nulo éxito de estos contratos dado que la empresa no tenía capacidad para hacerlos efectivos y, por otra parte, no tramitaron ante la Administración gran parte de las solicitudes que les fueron encomendadas. Así, por este procedimiento, los tres consiguieron la entrega del dinero de unas 250 personas.
