Condenado a dos años de prisión y una multa de 500.000 euros el hermano de Crespo por ayudarle a blanquear dinero

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La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos años de cárcel a Carlos Crespo, hermano del ex presidente de Emarsa y ex alcalde de Manises, Enrique Crespo, por ayudar a este a blanquear 350.000 euros.

La sección tercera de la Audiencia también le ha impuesto una multa de 500.000 euros y el pago de una indemnización de 357.000 euros a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI), responsable de la empresa pública Emarsa.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Carlos Climent, considera probado que Carlos Crespo, que en 2007 se desplazó con su hermano a Andorra para abrir una cuenta bancaria, “contribuyó a ocultar o encubrir el origen delictivo del dinero de referencia, sabiendo que su procedencia era delictiva”.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la sala ha apreciado el atenuante de reparación del año porque el ya condenado depositó 350.000 euros antes del comienzo del juicio.

El fiscal pedía cuatro años de prisión y 700.000 euros de multa, así como el comiso de los efectos del delito, que aumentó hasta los 357.000 euros.

Carlos Crespo había sido acusado de ayudar a su hermano a blanquear dinero de origen ilícito, supuestamente obtenido de prácticas fraudulentas a través de Emarsa, entidad de la que Enrique Crespo era presidente. Carlos Crespo abrió en 2007 una cuenta en Andorra junto a su hermano en la que llegó a ingresar 350.000 euros.

El hermano de Enrique Crespo se enfrenta ahora a otra causa junto a su hermano y sus padres por un supuesto delito de alzamiento de bienes después de intentar ocultar, supuestamente, 12 millones de euros de un premio de la Lotería Nacional.

En esta causa, otra de las piezas separadas del caso Emarsa, los hermanos y sus padres se enfrentan a tres años de cárcel y el pago de una multa de 27.000 euros cada uno, según la petición del fiscal.

El ex presidente de Emarsa, además, está pendiente de ser juzgado por la Audiencia de Valencia por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad y malversación por el supuesto desvío de fondos públicos de la entidad entre 2004 y 2010.

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