Compromís propone que el Ayuntamiento bonifique en un 95% el impuesto de las plusvalías a las personas desahuciadas

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Compromís per Torrent ha presentado, por registro de entrada, una propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocida popularmente como la plusvalía, para que le Consistorio bonifique en un 95% este impuesto a las personas desahuciadas.
El grupo municipal justifica esta medida dado que la Ley de Haciendas Locales aprobada en 2004 por el gobierno del PP da el mismo tratamiento tanto a las transacciones onerosas como a las lucrativas, sin distinguir si las primeras son ejecutadas forzosamente por resolución judicial.

En este sentido, Compromís per Torrent formuló, el 24 de noviembre de 2011, una consulta vinculante a la Subdirección General de Tributos del Estado y este órgano, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, contestó, en fecha de 27 de enero de 2012, que la Ley de Haciendas Local no distingue entre transmisiones onerosas o lucrativas y que, por lo tanto, a los desahuciados también se les debe liquidar este impuesto municipal.

Frente a esta postura del Ministerio, el grupo municipal de Compromís per Torrent ha presentado una propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal en la que se pide que se bonifique con un 95% la cuota del impuesto a las personas desahuciadas que no sean titulares de otras viviendas. “Compromís hubiera deseado la exención total de la cuota, pero la Ley de Haciendas Locales no permite esta situación, y pone como límite el 95% en la bonificación de este impuesto”, aclaran desde el grupo en la oposición.

El portavoz de Compromís, Vicent Beguer, ha manifestado que tanto la administración estatal como las entidades locales “tienen la responsabilidad de velar por los intereses de las personas desahuciadas, cada uno desde sus competencias, y este impuesto es potestativo de los ayuntamientos”.

Finalmente, Beguer ha recordado que la actual Ley de Haciendas Locales entró en vigor el 5 de marzo de 2004, nueve días antes de las elecciones generales, y bajo el gobierno del PP, y que durante los siguientes 8 años de gobierno de Zapatero, el PSOE tampoco modificó ni una coma la redacción original aprobada por el PP, “lo que demuestra el nulo interés que han tenido estos dos partidos sobre la problemática de los desahucios, que han abordado únicamente cuando se han visto obligados a raíz de la alarma social provocada por la desesperación de las personas y familias afectadas por las ejecuciones hipotecarias”.

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