Compromís per Torrent ha presentado una moción en la que insta al Ayuntamiento a exigir a la Generalitat el pago de las cantidades adeudadas a los abogados y procuradores que trabajan en la defensa jurídica de aquellos ciudadanos que no tienen recursos para pagársela.
Según han desvelado fuentes de los propios Colegios de Abogados, la Generalitat debe unos 8 millones de euros a los profesionales que cubren el turno de oficio.
En concreto, y según datos aportados por los Colegios, se encuentran sin cobrar las minutas desde julio de 2012, una situación insostenible a la que no pueden hacer frente, motivo por el que, si el Gobierno Valenciano no les paga, dejarán de procurar este servicio a partir del próximo mes de mayo.
Para el portavoz de Compromís, Vicent Beguer, se trata de unos hechos que, de no solucionarse, afectarán gravemente a muchos vecinos y vecinas de Torrent.
Además Beguer ha remarcado que no se trata de un servicio público cualquiera, porque este es un derecho fundamental protegido por la Constitución.
De igual manera, en su moción, Compromís ha solicitado que el Ayuntamiento de Torrent inste a la Conselleria de Justicia a facilitar datos numéricos sobre los vecinos y vecinas de Torrent que solicitaron este servicio a lo largo del último año, para poder conocer el número de personas que podrían estar afectadas en caso de que la Generalitat no haga frente a sus obligaciones legales de pago.
Finalmente Beguer ha pedido que este acuerdo municipal, caso de aprobarse, se traslade al Síndic de Greuges valenciano, que ya denunció los hechos, y sobretodo al Defensor del Pueblo español, para que conozca la actual situación de desamparo de los profesionales del sector y la población afectada, así como las posibles repercusiones constitucionales de estos hechos.
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