Compromís denuncia que el Ayuntamiento desembolsó 343.301 euros en gasto jurídico en 2009

La formación considera que esta cifra es “desorbitada” para un Consistorio del tamaño del de Paiporta y señala que de ese total, 216.563 euros fueron facturados por el abogado penalista José Antonio Prieto Palazón, “amigo y compañero” del alcalde, Vicente Ibor, en la Junta de Gobierno del Colego de Abogados de Valencia.
Según ha destacado Compromís per Paiporta, “otros ayuntamientos de las mismas características no gastan ni la décima parte, ya que la asistencia jurídica la gestionan a través de convenios y contratos con gabinetes jurídicos por medio de procedimientos abiertos”.

Respecto al procedimiento seguido para adjudicar estos contratos, la portavoz del grupo, Isabel Martín, ha asegurado que en el mes de septiembre pidió por escrito una copia de los expedientes por los cuales fueron adjudicados estos contratos, aunque, según su versión, el alcalde no se las ha facilitado y les ha negado además el informe de Intervención del mismo.

Para Compromís, este “ocultismo” se suma “a la advertencia que ya se hizo en el informe de Intervención” de la liquidación de presupuesto de 2009, que indicaba que “muchos expedientes no eran fiscalizados por la intervención municipal y se estaba fraccionando el objeto contractual en tantos otros procedimientos”.

A su juicio, estos hechos hacen pensar “que la adjudicación de la asistencia jurídica no se está realizando correctamente”.

Contratos con el bufete de José Antonio Prieto Palazón

Por otra parte, la formación ha indicado que “llama mucho la atención” que más de 200.000 euros hayan sido facturados por el antiguo compañero del Colegio de Abogados de Vicente Ibor, José Antonio Prieto Palazón.

En este sentido, Compromís dice estar esperando una “respuesta clara” por parte del primer edil, aunque si ésta no se produce, advierten de que llevarán el caso a la Fiscalía.

Martín ha explicado que la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público “es muy clara en cuanto a la regulación de los procedimientos de adjudicación y establece que los contratos menores no podrán durar más de un año ni superar la cuantía de 18.000 euros”

”Las facturas aportadas por este abogado superan con creces esa cuantía y evidentemente la mayoría de contenciosos de los que se hace cargo duran más de un año”, ha concluido Martín.