Compromís denuncia ante la Fiscalía la supuesta relación entre el cese de Juan Fernández y el expediente sancionador nunca abierto a FCC

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“Apropiación de documentos, prevaricación, abuso de poder” son los delitos que Compromís per Paterna atribuye presuntamente a Lorenzo Agustí y su equipo de Gobierno basándose en la “ocultación de información” en la comisión de investigación del caso Juan Fernández. Esta formación ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía Provincial en la que relaciona el cese de este edil con la no apertura del expediente sancionador a la empresa de limpieza viaria, FCC, que el alcalde llegó a anunciar públicamente.

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En el escrito presentado ante la Fiscalía manifiestan su sospecha de que en el seno de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Paterna, se hayan podido producir hechos constitutivos de delito “en torno a maniobras de ocultación y/o sustracción de documentos internos, firmados por el ponente de Servicios cesado –Juan Fernández-, que denunciaban reiterados incumplimientos de la contrata de limpieza viaria, así como de un posible informe jurídico en torno a una anunciada rescisión del contrato con FCC, y de la propia evidencia de un expediente sancionador que oficialmente no existe”.

Además, se da la circunstancia de que el propio concejal cesado “había anunciado públicamente su intención de abrir expediente sancionador a FCC” con el fin de proceder a la rescisión del contrato con ésta. Estas declaraciones fueron posteriormente reconocidas por el propio alcalde.

Compromís sospecha de la existencia de una “maquinación” del propio equipo de Gobierno y de Lorenzo Agustí para ocultar los informes de Juan Fernández que habrían derivado en la apertura de un expediente sancionador para la rescisión del contrato con FCC.

A su juicio, este pudo ser el motivo por el que fue súbitamente cesado, pocos días después de haber sido nombrado Teniente de Alcalde y miembro de la Junta de Gobierno, de todos sus cargos, siendo acusado públicamente, por su propio alcalde, de prácticas de contratación dudosa con empresas de su entorno familiar y con fraccionamiento de los pagos.

De hecho, simultáneamente con la destitución se decretó la prescripción de los informes sobre incidencias de FCC, firmadas por Juan Fernández, justo antes de su cese, incluso antes de tener el resultado de los informes solicitados.

Explican desde Compromís que hasta ese momento los originales de los informes por mal funcionamiento de FCC estuvieron en paradero desconocido pese a que Juan Fernández declaró públicamente ante el Oficial Mayor que estos documentos “deben obrar en el ayuntamiento ya que durante su gestión los entregaba al inspector de servicios, quien debía trasladarlos al ingeniero municipal y éste a la sección de Contratación”.

Sin embargo, no fue hasta el 23 de octubre, tres días después de la destitución de Juan Fernández, cuando estos informes sobre incidencias en el contrato de FCC entre el 21 de noviembre de 2007 y el 22 de abril del 2008 llegan a la Jefa de Sección, la cual certifica su prescripción. “Posteriormente vuelven a desaparecer esos originales y se entregan a la Comisión de Investigación meras fotocopias sin autentificar en las que no figura el destinatario”, ha asegurado la portavoz de Compromís, Loles Ripoll.

Ripoll ha asegurado que Agustí afirmó en Junta de Portavoces que él tiene los documentos originales, “que exhibe y retira, sin que los portavoces de la oposición puedan estudiarlos ni obtener copias auténticas de los mismos”.

La portavoz de Compromís también ha criticado la paradoja de que se creara una comisión de investigación sobre el caso Juan Fernández, que finalmente concluyó con la “total exoneración del concejal cesado y de las empresas intervinientes a las que se pagaron todos los trabajos realizados”.

Asimismo se certificó la imposibilidad de recuperar el importe de los trabajos duplicados en la contrata de FCC al no existir expediente sancionador previo “por lo que además puede haberse producido un daño económico al Ayuntamiento”.

Por eso, Ripoll cree que todo apunta en la dirección de “posibles maquinaciones de la misma Junta de Gobierno para apartar a dicho concejal-ponente antes de que concluyera dicho expediente sancionador, previa ocultación y/o manipulación de los informes de incidencias, cuya prescripción coincide con el cese del concejal Juan Fernández y con el objeto de no iniciar la rescisión anunciada de la actual contrata con FCC”.

Además, ha conformado que es cierto lo denunciado por Juan Fernández “respecto a incumplimientos generalizados por la contratista FCC” pese a que se mantiene el contrato con esta empresa.

Una empresa cuyo objeto social es inmobiliario factura al ayuntamiento en otro concepto

Por otra parte, Compromís investiga el caso de una empresa creada 10 días antes de las elecciones municipales cuyo objeto social es inmobiliario aunque factura al Ayuntamiento por otro concepto distinto.

También está analizando el posible fraccionamiento de facturas de forma irregular de el año pasado e incluso de este mismo año.© Sandra Quintero//Hortanoticias

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