Hoy ha entrado en funcionamiento el servicio de asesoría jurídica gratuita a las personas que han solicitado las prestaciones previstas en la Ley de Dependencia, y siguen esperando la respuesta de la Generalitat Valenciana.
Este servicio ha sido puesto en marcha por el Ayuntamiento de Quart de Poblet y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV).
De hecho, dos abogados del despacho que colabora con el CERMI CV, Carrau Corporación, han atendido las dos primeras consultas realizadas por vecinos y vecinas de Quart de Poblet cuyos expedientes están paralizados en la administración autonómica.
En todos los casos, los letrados realizan una labor inicial de análisis de la situación y de la documentación que aportan las personas afectadas para, a continuación, indagar sobre la situación en que se encuentra el expediente y asesorar sobre el camino a seguir.
El servicio se presta en las dependencias del Centro Municipal de Servicios Sociales, ubicado en la calle Vinatea, 3-bajo, los miércoles de 11 a 14 horas.
El pasado 6 de mayo, la alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, y el presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV), Joan Lluis Planells Almerich, suscribieron un convenio pionero para la puesta en marcha en el municipio de este servicio.
Carmen Martínez, ha explicado que este convenio nace de la necesidad “de prestar ayuda a todos los afectados por el boicot que el PP está haciendo a la aplicación de la Ley de Dependencia”.
En Quart de Poblet, 590 personas han solicitado la valoración de la situación de dependencia y se han emitido 40 resoluciones de prestaciones, la mayoría para el cuidador no profesional. Es decir, en dos años la Generalitat sólo ha otorgado ayudas a 1 de cada 15 personas que la necesitan mientras que 76 personas han muerto esperando la respuesta de la administración autonómica.
Por ello, Martínez ha insistido en que esta iniciativa pretende “paliar una injusticia porque la no aplicación de la ley la pagan las personas dependientes que incluso llegan a fallecer sin haber recibido lo que les pertenece; la pagan las familias, sobre todo las mujeres que siguen haciendo un gran sacrificio, y la pagan los 17.000 posibles empleos que la aplicación de la ley generaría en la Comunitat Valenciana”.
Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Paz y Solidaridad, Julia Carrión, ha manifestado tras la apertura del servicio que El Ayuntamiento de Quart de Poblet “es el primer ayuntamiento que ha puesto en marcha este servicio pionero porque era necesario”. La concejal espera que el resto de ayuntamientos se sumen a esta medida.
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