Al alcalde de Burjassot, José Luis Andrés Chavarrías, se enfrenta a una dura semana y es que tendrá que declarar en los juzgados de Paterna por dos causas diferentes. El miércoles, deberá explicar ante el juez la situación de la empresa mixta Burjatec y, el jueves, declarará en el asunto de las pancartas que el Ayuntamiento colgó por toda la ciudad contra la política del Consell de Francisco Camps.
El día 15, en el la Ciudad de la Justicia de Paterna, el primer edil deberá responder a las preguntas que se le formulen acerca de la situación económica de la empresa mixta que ofrece internet wifi a los vecinos del municipio a precios muy competitivos.
El juez, a raíz de los hechos que el grupo popular puso en conocimiento de juzgado, ha abierto diligencias previas para aclarar las circunstancias de la situación económica de Burjatec, una investigación que tiene en el punto de mira al alcalde, José Luis Andrés Chavarrías, y al gerente de la empresa y socio tecnológico, además del secretario del Consejo de Administración, Rafa García, que es también el secretario de Organización del PSPV en la provincia de Valencia.
Al parecer, existen deudas importantes con proveedores a las que la empresa no quiere hacer frente, según denuncian desde el PP, grupo que puso en conocimiento de sus servicios jurídicos y, posteriormente, del juzgado que ha abierto diligencias previas para esclarecer los hechos. Según declaró la portavoz del PP en Burjassot, Cristina Subiela, la investigación podría suponer acusaciones de “prevaricación y falsedad documental”, entre otros.
Juicio por prevaricación
Al día siguiente, Chavarrías se enfrentará a otra declaración después de que un juzgado haya admitido a trámite una demanda del PP por la colocación de doce pancartas por todo el municipio, con la firma y el escudo del Ayuntamiento de Burjassot, contra la política del Consell y reclamando obras que la Generalitat debería de ejecutar en la localidad.
El PP consideró que estaba usando dinero público, del Ayuntamiento, para fines electorales pues en todas las pancartas se puede leer ‘Señor Presidente. Basta de mentiras’ para después reclamar actuaciones como el colector de Lauir Volví, el soterramiento de las vías o la construcción del colegio San Juan de Ribera.
Para los populares, el alcalde podría haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa al usar fondos públicos para hacer campaña, según denuncia el PP.
Por otra parte, la portavoz del PP, Cristina Subiela, informó de que se ha admitido a trámite por el juzgado de lo contencioso-administrativo la reclamación que interpusieron contra el despido de la asesora del grupo popular en el Ayuntamiento al considerar que el equipo de Gobierno estaba vulnerando la protección de derechos fundamentales. Al parecer, así lo ha entendido también el juez que ha admitido a trámite la denuncia.
Chavarrías no ha querido hacer declaraciones antes de sus dos citas en el juzgado aunque sí ha señalado que acudirá y responderá a todas las preguntas que se le formulen sobre los dos temas.
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