Centenares de personas reclaman el cumplimiento íntegro de las penas y la cadena perpetua en una manifestación en la que participa Susana Pérez

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Centenares de personas –unas 500 según la Policía Local– se manifestaron hoy en Valencia para exigir el cumplimiento íntegro de las penas y el endurecimiento de los castigos referentes a delitos de sangre, así como para reivindicar un referéndum en torno a la cadena perpetua. Durante el acto, también se pidió la reforma del Código Penal y de la Ley del Menor, y la joven agredida en Paiporta, Susana Pérez, leyó el manifiesto final.
La manifestación fue convocada por la Asociación Ciudadana de Paiporta, tras el reciente asesinato de Carolina Planells y la agresión a Susana Pérez. Al acto también acudieron familiares de otras víctimas de asesinato, como es el caso Sandra Palo, Rocío López, Samira Sayegh, José Félix o Carmen Merino.

La marcha, que comenzó a las 18.00 horas en el Paseo de la Alameda, estuvo salpicada por las proclamas y los gritos de los asistentes, que portaban camisetas y carteles con las caras de las víctimas. El recorrido concluyó en el edificio de Delegación de Gobierno, donde Susana Pérez hizo lectura de un manifiesto.

Durante su exposición, la afectada exigió “el cumplimiento íntegro de las penas, por Carolina, por Marta, por Mª Luz, por Sandra y otras muchas víctimas”. Asimismo, reclamó a los poderes públicos y al Gobierno “la implantación de la cadena perpetua o, en su defecto, la prisión indefinida o permanentemente revisable”.

En este sentido, señaló que el Código Penal y la Ley del Menor actuales “adolecen de medidas efectivas para frenar la violencia” y “evidencian todos los días que algo está fallando en la sociedad”. Por esta razón, reclamó que las cadenas “se cumplan íntegramente, sin beneficios penitenciarios, ni privilegios”.

Además, una vez cumplida la pena íntegramente, exigió que el delincuente “sea examinado por psicólogos, sociólogos y otros profesionales competentes, a fin de dar las garantías de que no habrá reincidencia”. “En caso de existir la más mínima duda de que pudiese ponerse en peligro la vida de una persona inocente, el criminal debe permanecer recluido en beneficio de la sociedad”, manifestó.

Finalmente, Susana Pérez insistió en “la urgencia de que los poderes públicos constaten la realidad”, en lugar “de ofrecer pésames y condolencias”. “Los ciudadanos tenemos obligaciones, pero también derechos. En ningún caso pueden prevalecer los derechos de los delincuentes, sobre los derechos del ciudadano”, concluyó.

En declaraciones a los medios, el presidente de la Asociación Ciudadana de Paiporta, Ricardo Forjado, señaló “la necesidad de medidas efectivas contras estos crímenes”. Por esta razón, exigió de nuevo “el cumplimiento íntegro de las penas y, en caso contrario, el cumplimiento indefinido que permita una revisión constante de la condena”. En relación con las manifestaciones ciudadanas para revindicarlo, subrayó “la importancia de que los vecinos y afectados aúnen esfuerzos y reivindiquen las reformas”.

Tras la lectura del manifiesto, diversos familiares de víctimas de la violencia se dirigieron a los asistentes. La primera de ellas fue la madre de Samira Sayegh, que criticó la actuación del Gobierno de España “impasible ante la ola de asesinatos”. En concreto, aludió a “la despenalización del deleito de ocultamiento de cadáveres en 1995, que impidió castigar al asesino de su hija y también afectó al caso de Mª Luz”. “Mientras las familias sufrimos el dolor por nuestras víctimas y el vacío legal”, manifestó.

Otras de las intervenciones fue la de los padres de Rocío López, “una joven valenciana, con la carrera terminada y trabajadora, asesinada”, como ellos mismos la calificaron. Asimismo, aseguraron haber escrito al presidente del Gobierno “sin obtener ningún respuesta”, para exigirle “la implantación de la cadena perpetua ante este tipo de crímenes cometidos con ensañamiento y alevosía”.

A continuación, se dirigió a los asistentes la madre de Sandra Palo, asesinada por tres menores y un adulto. En relación con su caso, reclamó “la reforma de la ley del Menor”, a pesar de que añadió “el apoyo a todas las vícitimas”. Por esta razón, instó a “hacer un frente común de todos los afectados” y animó a “seguir luchando, acudiendo a todas las manifestaciones”. En este sentido, se desmarcó de “la politización” de los sucesos y recordó que ella ha emprendido la creación de una asociación para estos casos.

Además, la madre de Sandra Palo también protestó por “el pago de 400 euros diarios que se hace para los centros de menores a través de los impuestos”. “Todo para que estos asesinos coman y beban, pero no se reinserten”, apostilló. En alusión a los políticos, les instó a “no hacer tanta demagogia y esconderse tras las leyes” y les invitó a fijarse en “la realidad”. Finalmente, se preguntó por qué deberían “darle una segunda oportunidad a los asesinos de sus víctimas y permitirles rehabilitarse”, algo que dijo no haría “nunca”.

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