Carrasquilla acusa a la directora provincial del INSS de ser cómplice de “estrategias ilícitas” por las reducciones de grado de discapacidad

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La dependiente Dolors Carrasquilla, que permaneció encadenada durante más de dos meses frente al Palau de la Generalitat y 25 días en huelga de hambre, se ha dirigido el 27 de mayo a la directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Valencia, Susana Lejarreta, tras ver como pasaba el plazo estipulado para darle respuesta a su petición de que se le reconozca el grado de gran invalidez.

En este escrito, denuncia que se están llevando a cabo estrategias ilícitas, de las que Lejarreta sería supuestamente cómplice.

En este sentido, Dolors se muestra muy crítica con las actuaciones del INSS, asegurando que se han producido “reducciones de grado por mejorías milagrosas”.

Casos que, según asegura, van a salir a la luz, así como los datos de cuántos discapacitados han visto rebajado su grado de discapacidad desde el año 2009.

Dolors explica en su carta que “ya el plazo de los 45 días cumplió el día 21 de mayo y yo no he recibido ninguna notificación, eso demuestra su falta de ética profesional, su falta de humanidad, sensibilidad y ante todo la estrategia de este Gobierno incompetente e inmoral”.

La dependiente muestra su desencanto tras ver como, en un principio, tanto desde el INSS como desde la Delegación de Gobierno, se le mostró apoyo y toda la disposición para ayudarla, pero sus palabras no se han materializado en hechos.

Así, por ejemplo, ha repetido las declaraciones del conseller de Sanidad, José Manuel Llombart, quien se comprometió a buscar una solución al tema de la discapacidad y al denominado copago, “lo antes posible y siempre dentro del marco legal”.

Y ha explicado que algunos de los miembros del INSS mostraron dudas sobre si se habían equivocado en una primera valoración en su caso.

Dolors no puede dejar de preguntarse “¿qué hubiera pasado si los doctores implicados en la huelga de hambre no me hubieran obligado a abandonarla?, ¿me hubieran dejado morir con su silencio administrativo?”.

Y demanda que se den explicaciones sobre el recorte de 310 millones de euros en las últimas partidas destinadas a la Discapacidad y la Dependencia.

En este sentido, ha hecho hincapié en diversos gastos realizados, como los 152 millones de euros por el aeropuerto de Castellón, el agujero de 17 millones en el caso Emarsa o los 30 millones del Hospital de Llíria, que aún no tiene fecha de apertura, entre otros muchos.

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