El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Burjassot, correspondiente al mes de octubre, aprobó por unanimidad, una moción presentada por el grupo municipal PSPV-PSOE para la retirada de placas conmemorativas, inaugurales o menciones honoríficas de cargos públicos condenados por corrupción.
La moción aprobada argumenta que, “ante la corrupción, el Ayuntamiento de Burjassot no puede permanecer ajeno. No podemos consentir que representantes públicos se hayan servido de su posición y cargo para conseguir prebendas que han redundado en severo perjuicio de la ciudadanía, que ha visto esfumarse, sin justificación, fondos públicos”.
El texto continua argumentando que , “es necesario regenerar la vida pública, y ello pasa por tener una actitud firme y decidida de condena y reprobación institucional de todos los casos de corrupción política para fortalecer la autoridad de nuestras instituciones dentro y fuera de nuestras fronteras”.
Así, entre los acuerdos contemplados en la moción y aprobados, está el de “retirar con carácter inmediato las placas conmemorativas, inaugurales o menciones honoríficas situadas en edificios que dependan del Ayuntamiento, o que hayan sido financiados total o parcialmente con fondos procedentes de éste, en todo el territorio de nuestro municipio, en los que figure el nombre de personas que hayan ostentado cargos públicos que hayan sido condenados por sentencia judicial firme por corrupción, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social y/o por delitos contra la administración”.
Asimismo, también se acordó “retirar toda distinción o elemento de homenaje y consideración pública que haya sido concedido por motivo de un cargo y se encuentre expuesto en espacios públicos dependientes del Ayuntamiento o financiados con cargo a fondos derivados de éste” y, por último, “elaborar, por acuerdo del Ayuntamiento en pleno, una declaración formal y pública de reprobación y repulsa de todos los políticos de la Comunitat Valenciana que han resultado o resulten condenados por corrupción, por delitos contra la hacienda pública y la seguridad social y por delitos contra la administración pública”.
