Bas niega que trabajadores municipales realizaran tareas en horario laboral en su chalé particular

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El que fuera alcalde socialista de Paiporta entre 1979 y 2007, Bartolomé Bas, ha negado en la sección 5ª de la Audiencia Provincial que ordenara a trabajadores municipales la realización de tareas de carpintería, poda, pintura y limpieza en el chalé que tiene en la localidad de Montserrat.
Bas está siendo juzgado, junto a otros seis imputados, por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Entre las acusaciones, el uso de trabajadores y recursos municipales, en horario laboral, para fines particulares, no sólo de Bas sino de otros miembros del Gobierno municipal y familiares.

El martes 16 de abril ha arrancado el juicio que, en principio, tiene previstas cinco sesiones. En la primera, tan sólo ha dado tiempo a escuchar la declaración del ex alcalde que no ha querido contestar a las preguntas de la acusación particular, impartida por el Ayuntamiento de Paiporta -ahora gobernado por el PP-, aunque sí ha respondido a las del Ministerio Fiscal y a las de todos los abogados de la defensa de los otros seis imputados y al suyo propio.

Bas ha insistido, ante las reiteradas preguntas, que no le consta que nunca hubiera acudido ningún trabajador municipal en horario laboral a realizar tarea alguna a su chalé de Montserrat y ha negado que el ordenara o diera instrucciones de ningún tipo para que se llevaran a cabo hechos de ese tipo.

Preguntado por las altas gratificaciones y complementos de un encargado de la brigada de obras -también imputado-, que llegaban a doblar el sueldo que cobraba y que el Ministerio Fiscal considera que eran en contraprestación por los trabajos que realizaba para el alcalde, el ex político ha asegurado que se le pagaban porque estaba disponible para el municipio 24 horas al día y que estos complementos se establecían en base “a unas necesidades y a los informes técnicos del departamento de Recursos Humanos”.

Respecto a la acusación de haber ‘fabricado a medida’ un puesto de coordinador de obras y servicios junto al técnico de Personal Pedro Rajadell, para el ex concejal de Urbanismo, González Jarque, que tenía plaza de conductor-notificador en el Consistorio, Bas se ha mostrado más contundente: “no se creó ninguna plaza para González Jarque”.

Así, insistió en que la creación de ese puesto se recogió en una propuesta que se incluyo en la redacción de la Relación de Puestos de Trabajo que se tramitó entre 2002 y 2003 y que fue elaborada por los técnicos de Recursos Humanos del Ayuntamiento, según un informe que ha sacado a colación su propio abogado. En él, el puesto estaba incluido en la categoría D por lo que Jarque podía optar a él. De hecho, lo ocupó de manera interina hasta que se redactaron las bases para su adjudicación definitiva en 2006.

La defensa de Bas así como de su mujer, Emilia Soler, entonces concejal de Servicios Sociales, insiste en que la querella se presentó por motivos políticos justo antes de las elecciones municipales de 2007. En ese sentido, en la sesión se ha puesto de manifiesto que el PP, impulsor de la querella, votó a favor de la RPT que incluía la creación del puesto de coordinador de obras y servicios en 2002.

Además, según Bas, cuando en 2005 se le acusó de usar trabajadores municipales para pintar su chalé, dos pintores profesionales acudieron al pleno municipal y declararon que habían sido los encargados de esa tarea y que nunca habían tenido ninguna relación laboral con el Ayuntamiento de Paiporta. En ese debate, el ex alcalde ha asegurado que, pese a estar presente, el entonces portavoz y actual alcalde, Vicente Ibor, ni su grupo, el PP, participó en el debate.

Antes de comenzar la declaración del ex alcalde, el abogado defensor de su mujer, Manolo Mata, ha declarado a los medios de comunicación que están “convencidos de que se trata de un juicio muy político” pues “la querella se presentó a un mes de las Elecciones”.

Además, ha considerado que las penas que pide el Ministerio Fiscal para los imputados (6 años de cárcel para Bartolomé Bas y 18 de inhabilitación, por ejemplo) son “exageradas para un asunto que ha tardado siete años en instruirse”.

Por su parte, el ex alcalde no ha querido hacer declaraciones ante los medios de comunicación y ha señalado que no las hará “hasta que acabe el proceso”.

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