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Les Cortes dan carpetazo al caso Uniformes al no permitir contratar uniformes de la policía local distintos a los de la normativa

La Comisión de Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy por unanimidad una iniciativa de Podemos en la que se reclama al Consell que introduzca mecanismos de control que aseguren que ninguna corporación municipal pueda incluir requisitos en la uniformidad de la policía local diferentes a los establecidos en la normativa vigente sin la correspondiente solicitud.

Policía Local. Uniforme azul

El acuerdo plantea que se arbitren sanciones administrativas en la propia normativa que regula la homogeneización y homologación de la uniformidad de la Policía Local de la Comunitat Valenciana para aquellas corporaciones locales que incumplan los procedimientos establecidos para introducir cambios y mejoras en la uniformidad de la policía local.

La diputada del grupo parlamentario Podemos-Podem, Cristina Cabedo, ha explicado que esta propuesta tiene su origen en la licitación sobre la confección de los uniformes de la policía local de Torrent, el conocido como Caso Uniformes, diferentes a los de la normativa general  “porque así lo permite la normativa general, pero  sin cumplir la tramitación administrativa necesaria”, situación que parecía que también se iba a producir en Paterna, Requena o Riba-roja.

Cabedo ha alertado de que “nos hemos acostumbrado a los grandes casos de corrupción que salen por la televisión” pero, ha añadido, “la cultura caciquil también hay que prevenirla en los espacios que no salen en las televisiones nacionales”. A su juicio, hay que “evitar y desaprobar desde la administración las posibles mafias caciquiles de la propia administración”.

La diputada ha recordado que según el artículo 8 de la Ley 6/1999 de Coordinación de Policía Local, es una competencia del Consell determinar, homogeneizar y homologar la uniformidad de la Policía Local.

Cabedo ha recordado que “la actividad de los sindicatos ha sido importante para hacer conocer a la dirección general de la Agencia de Seguridad y Respuestas a las Emergencias respecto a prácticas ilegales en este sentido, pero es necesario que la Administración Pública introduzca normativa y canales de control atendiendo a su responsabilidad en una más eficaz, justa y transparente gestión de los recursos públicos”.


 
 
 

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