Dentro del área de Garantía Social y Empleo la nueva concejala, Andrea Sánchez, que ha jurado esta mañana el cargo durante el transcurso del Pleno Municipal, tendrá responsabilidades al frente de las concejalías de Mayor y Cooperativas. Juan Manuel Rodríguez asume por su parte el área de Servicios Sociales y Agencia de Colocación Municipal, mientras que Verónica Alberola seguirá siendo concejala de Fiestas pero asume también el área de Juventud. Respecto a las Tenencias de Alcaldía, María Villajos será la Primera Teniente de Alcalde y le seguirán en el siguiente orden: Vicente Sales, Sara Álvaro, Ignacio Gabarda, Alfonso Romero y Marisa Ferre.
La nueva concejala, Andrea Sánchez, es vecina de Pla del Pou, siendo la primera vecina de este zona de Paterna que accede al cargo de representante municipal. Casada y madre de dos hijos, la nueva concejala es licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Andrea es miembro de la Asociación de Vecinos del Pla del Pou desde sus inicios, entidad en la que desempeñó el cargo de presidenta. Ocupaba el número 17 de la lista del Partido Popular en las pasadas Elecciones Municipales.
Venta de Gespa
Uno de los puntos más polémicos del orden del día del pleno ha sido la marcha atrás del proceso de municipalización de varios servicios que actualmente presta la empresa municipal Gestión y Servicios de Paterna. Un movimiento, del que ya se habló en Hortanoticias, que ha servido para iniciar un debate en torno a la supuesta venta de Gespa. La oposición ha insistido en su defensa de la empresa pública y en su crítica a las políticas “privatizadoras” del PP.
Una supuesta venta que el equipo de Gobierno no ha negado en ningún momento aunque ha evitado entrar en ese debate. Sin embargo, la alcaldesa, intentando centrar el debate y la votación en el punto concreto ha llegado a decir: “hoy aprobamos esto y la venta ya llegará” a lo que, inmediatamente ha añadido, “si llega”.
El portavoz de EU, Javier Parra, ha vuelto a proponer que se permita a Gespa convertirse en una cooperativa para que los trabajadores puedan mantener sus puestos de trabajo y los vecinos sigan disponiendo de servicios de calidad. Por su parte, Juanma Ramón, de Compromís ha lamentado que el Gobierno dé marcha atrás en la municipalización de servicios (que facilitaría el proceso de venta de la empresa pública) por una cuestión legal y no porque hayan abandonado su idea de vender Gespa. En ese sentido, Ramón ha señala que el problema para el PP es que ya no le da tiempo a vender la empresa antes de las elecciones “y no están dispuestos a pasar por ese desgaste”.
En los mismos términos se ha pronunciado el portavoz socialista, Juan Antonio Sagredo, quien, además de criticar el gasto en informes de empresas externas (Broseta) “ninguneando a los técnicos municipales”, ha asegurado que en el expediente faltan “datos económicos que garanticen la inviabilidad de la empresa”.
Así, Sagredo ha enmarcado la posible desaparición de Gespa como una “vendetta” del ex alcalde Lorenzo Agustí y su “política de tierra quemada: lo que yo creé me lo voy a cargar”. Por ello, el portavoz socialista ha insistido en su idea de que es Agustí, aún presidente del PP de Paterna, quien sigue dirigiendo “a las marionetas” del equipo de Gobierno desde la distancia.
Indemnización de 550.000 euros
El Pleno Municipal celebrado esta mañana ha tenido que afrontar las consecuencias de una sentencia del Tribunal Supremo contraria al Ayuntamiento en relación al Plan de Actuación Integrada aprobado en 1999 y llevado a cabo en el sector 7, barrio de Bovalar.
Tras casi 15 años de litigios el Ayuntamiento de Paterna deberá indemnizar con 550.000 euros a un propietario de suelo, que presentó recurso contra el acuerdo plenario de abril de 1999 en el que se dispuso la programación de los terrenos incluidos en el Sector 7 del Suelo Urbanizable, del Plan General de Paterna, en base a la ordenación presentada por la mercantil que fue escogida agente urbanizador. Como compensación y en relación a la misma sentencia, el Ayuntamiento recibirá ahora una parcela de 3.500 m2 en dicho sector.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dio la razón al Consistorio pero no así el Tribunal Supremo, con las consecuencias mencionadas anteriormente. La motivación del alto tribunal para disponer la anulación del acuerdo de programación parte, de un lado, de la falta de motivación de la inclusión del citado acuerdo en el orden del día del Pleno en el que aquel fue adoptado y, de otro, en la distinta exigencia que aprecia en la necesidad de notificación formal del trámite a los interesados respecto del mero aviso que refería la legislación urbanística valenciana vigente en esa fecha.
La portavoz popular, María Villajos, lamentó que dicha actuación se aprobó en sesión plenaria de abril de 1999 “fuera del orden del día y sin la adecuada motivación de la urgencia”, algo que ha pesado en la decisión del Tribunal Supremo. Respecto a la forma de afrontar el pago, Villajos indicó que “procederemos a conveniarlo, como ya hemos hecho con otros propietarios a los que hemos tenido que indemnizar con más de diez millones de euros por sentencias derivadas de una mala planificación de las expropiaciones que el Ayuntamiento debió ejecutar desde el año 1994 pero no realizó.
Subvención para cooperativas
El Pleno por unanimidad ha aprobado las bases para ofrecer una línea de subvenciones para la puesta en marcha de cooperativas. El objetivo es proporcionar a los emprendedores que decidan crear este tipo de sociedad para desarrollarse profesionalmente, la base económica que les permita ponerla en marcha. En concreto, se subvenciona con 3.500 euros por proyecto en concepto de gastos de constitución, entendidos como los gastos necesarios para el inicio de la actividad (gastos de notaría, registro y otros gastos directamente relacionados con la apertura o inicio de la actividad).
Podrán optar a las ayudas aquellas personas físicas promotoras de un proyecto de creación de una Cooperativa de Trabajo Asociado o una Sociedad Laboral en las que el 60% como mínimo de sus socios tenga su domicilio y esté empadronado en Paterna con una anterioridad mínima de un año a la fecha de solicitud de la ayuda.
Además, al menos 2/3 de los promotores deberán encontrarse en situación de desempleo a fecha de presentación de la solicitud y en disposición de dedicar la jornada laboral completa a la puesta en marcha, crecimiento y consolidación del proyecto empresarial objeto de subvención.
La alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, ha recordado que actualmente el Ayuntamiento de Paterna es de los pocos consistorios que ofrece un apoyo integral a las distintas fórmulas de autoempleo, mediante el asesoramiento, realización de planes de viabildad, disponibilidad de espacio físico a precios asequibles para el inicio de la andadura profesional e incluso financiación para su puesta en marcha.
Aprobadas 5 mociones
Partido Popular, PSOE, EU y Compromis per Paterna han aprobado cinco de las ocho mociones que se han presentado al Pleno Municipal. De este modo, han salido adelante mociones en defensa del servicio público de Correos y para la creación de un albergue social en el municipio. Para el desarrollo de este proyecto se convocará previamente la mesa de la Solidaridad. También ha salido adelante la moción presentada sobre la implantación del proyecto ‘Green Commerce’, en el cual el Ayuntamiento insistirá ya que fue un proyecto que se trasladó a los comerciantes en 2012.
De igual modo ha salido adelante una moción para la implantación de una extensión en Paterna de la Escuela Oficial de Idiomas. El Partido Popular ha enmendado la moción para dejar constancia del compromiso existente por parte de Conselleria de Educación para su implantación a lo largo del presente curso.
También se ha consensuado una moción a través de la cual se demanda la extensión del subsidio por desempleo por parte del Gobierno Central para los sectores mas desprotegidos de la población. La alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, ha agradecido el alto grado de consenso alcanzado por parte de los distintos grupos políticos para la aprobación de las mociones.
