Un informe de intervención que acompañó al Presupuesto del Ayuntamiento de Alboraya para el ejercicio 2007 ya advirtió al anterior alcalde, Manuel Álvaro, “que se debían tomar medidas para frenar el gasto en el Ayuntamiento y en Egusa”. Pero, según el equipo de Gobierno, “a pesar de estar advertido Alvaro firmó ese año 4 comfort letter o avales por un importe total de 16, 5 millones”.
Para el equipo de Gobierno, pese a conocer el citado informe, “Alvaro comprometió al Ayuntamiento de Alboraya y asumiendo un riesgo sin tener conocimiento ni la intervención, ni el Pleno de la corporación, ni la Conselleria de Economía”.
En el citado informe, el interventor ya advierte a Manuel Álvaro que cualquier acto, documento o contrato que pueda tener relevancia económica, tanto para la empresa pública como al ayuntamiento, deberá ser informado por la intervención municipal.
Con ese aviso el interventor pretendía que nada se escapara al control público porque ya en 2007 veía que se estaban asumiendo créditos y soportando gastos que no podían hacerse frente y además no se generaban ingresos.
Para Mamen Peris, concejal de Economía, “no se puede alegar ignorancia, ni cargar sobre los funcionarios públicos la responsabilidad, cuando Manuel Álvaro tenía la obligación de informar y obtener el informe favorable del interventor, así como de la aprobación plenaria. El anterior alcalde nunca tuvo intención de informar a ningún órgano de control”.
Peris ha explicado que “en la actualidad la empresa Egusa ha dejado de pagar las cuotas del préstamo a Bankia por lo que desconocemos si la entidad financiera, ante dicho impago, acordará exigir las responsabilidades que pudieran corresponder, ya que los avales no contaron nunca con las aprobaciones que legalmente eran exigibles”.
