El futuro de la alcaldesa se complica aún más con la nueva denuncia de Units per Almàssera ante Fiscalía

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Almassera. Units per Almassera. Vicente Rodrigo. Portavoz

La situación política de la alcaldesa de Almàssera, Laura Roig, que le ha llevado a plantearse muy seriamente la opción de dimitir en el mes de septiembre, se complicó ayer un poco más con la presentación ayer por parte de Units per Almàssera ante la Fiscalía de lo Penal de toda la documentación recopilada sobre las graves anomalías detectadas en el servicio de la grúa municipal.

Units per Almàssera ha llevado el caso ante la Fiscalía al conseiderar que se han estado llevando a cabo graves irregularidades en dicho servicio, las cuales podrían ser constitutivas de delitos tipificados en el código penal, según se recoge en los informes redactados por los técnicos del consistorio municipal.

En  este sentido Units entiende que con la documentación recabada hasta el momento “había llegado la hora de entregarla a la justicia para que fueran ellos los que valoraran los indicios de delito. Desde Units hemos considerado que nuestro deber era acudir a la Fiscalía con el fin de que compruebe si hay delito o no en las actuaciones del equipo de gobierno del PP respecto al servicio de la grúa municipal. Sobre todo, teniendo en cuenta que los funcionarios públicos llevan advirtiendo dichas anomalías desde 2011 como bien reflejan los informes presentados”, según explicó Vicente Rodrigo, concejal y secretario general de Units per Almàssera.

Rodrigo explicó que su formación ha detectado presuntas irregularidades en las cuentas de nuestro Ayuntamiento, “en las cuales no hay reflejado ningún ingreso por el cobro de la tasa de la retirada de vehículos de Almàssera, habiendo sido informados  por los agentes de la policía municipal de que dichos servicios si fueron efectuados”.

Units lleva ya  algunos meses preguntando tanto en Comisión como en Pleno a la Alcaldesa, Laura Roig, y al concejal de Interior, Juan José Fernández, sobre este tema, “pero ambos  negaron o evitaron reconocer algún tipo de irregularidad en este sentido. Además, también evitaron entregar los informes solicitados con el fin de conocer la situación de dicho servicio”..

Rodrigo explicó que “desde 2011 la Tesorería Municipal informó de las irregularidades que suponía el pago que se venía haciendo por la Tasa de retirada de vehículos con grúa; así mismo el 6 de julio de 2012 la Intervención y la Tesorería de Almàssera redactó y comunicó a la Alcaldía un informe en que no dejaba lugar a dudas sobre las irregularidades que estaban llevando a cabo. Dicho informe se pedía a Laura Roig que se dispusiera lo que considerara conveniente para la salvaguarda de la legalidad presupuestaria y económica del Ayuntamiento”.

Si finalmente hay delito y se declara ilegal dichos procedimientos, los vecinos podrían pedir la devolución del dinero cobrado por parte de la empresa o del Ayuntamiento, según proceda, debido a que como se desprende de la documentación que consta en Fiscalía, la recaudación “se está realizando por un agente privado, en este caso, la mercantil Asistencia Leyre, sin autorización, y sin contrato adjudicado”, según Rodrigo.

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