Alboraya dejará que embarguen patrimonio municipal al no poder hacer frente a una deuda de 1, 66 millones

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El Ayuntamiento de Alboraya ha iniciado un expediente de valoración de los bienes patrimoniales propiedad del Consistorio con el fin de identificar los edificios y propiedades prescindibles y, por tanto, embargables. El objetivo es determinar con qué puede hacer frente a la ejecución forzosa de los embargos al no poder hacer frente con fondos propios a una deuda de 1, 66 millones de euros.
El pasado 19 de enero, el Ayuntamiento de Alboraya recibió un auto del Juzgado de lo Contencioso nº 8 de Valencia obligándole a pagar en el plazo de un mes a Omnium Ibérica (la anterior concesionaria del servicio de agua potable de Alboraya) una deuda de 1.666.031, 50 euros que la empresa reclama desde 2006.

Esta empresa tenía la concesión por un periodo de 25 años, pero en 2004, cuando sólo llevaba ocho años ofreciendo sus servicios en Alboraya, el equipo de Gobierno de entonces rescindió el contrato para adjudicárselo a Aqualia. Fruto de esta nueva contrata, el Ayuntamiento recibió de Aqualia 6, 5 millones de euros directamente para tesorería con los que se podría haber pagado los 1, 1 millones que en el momento de rescindir la contrata con Omnium se le debía a esta firma.

Sin embargo, la deuda no se pagó y, ahora, y tras un recurso judicial por parte de la empresa, el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar, en el plazo de un mes, 1, 66 millones de euros. Pero al no disponer de recursos monetarios para hacerlo, el Ayuntamiento se ha visto obligado a desprenderse, en forma de embargo, de parte de su patrimonio.

Según la primera teniente de alcalde, Mamen Peris, la orden del juez habla de embargo que puede afectar tanto a fondos como a bienes patrimoniales pero, si embargaran los fondos, con la situación tan delicada que atraviesa el Ayuntamiento, supondría bloquear su funcionamiento porque no se podrían pagar nóminas ni ofrecer servicios. “Por ello, no nos queda más remedio que desprendernos de patrimonio municipal”, ha asegurado Peris.

Durante el pleno extraordinario donde se aprobó la incoación del expediente para valorar el patrimonio municipal, la portavoz de Unión Popular de Alboraya (UPPA) y concejal de Hacienda pidió explicaciones al entonces alcalde y actual portavoz del PP, Manuel Álvaro, sobre el destino que dio a los 6, 5 millones de euros que pagó Aqualia.

“Gracias a su nefasta gestión, ahora, con las costa judiciales y los intereses, tenemos que pagar 1, 66 millones de euros o nos embargan”, le espetó Peris, quien señaló que “es lamentable tener que perder patrimonio que tantos años ha costado al pueblo conseguir por la irresponsabilidad política y nefasta gestión del señor Álvaro que ha llevado al Ayuntamiento de Alboraya a la bancarrota”.

Según la portavoz de UPPA, Álvaro debería estar “doblemente avergonzado: primero, por esquilmar las arcas municipales a base de hacer y no pagar y segundo, por su mala gestión y negociación que ha permitido llegar a esta dramática situación al municipio”.

Antes de finalizar el pleno, tanto Peris como el portavoz de Ciudadanos por Alboraya (CIALBO), Javier Balaguer, pidieron públicamente la dimisión de Manuel Álvaro como portavoz del grupo de la oposición.

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