Alboraya asumiría competencias impropias y gastos extras si disuelve la entidad de conservación de Port Saplaya

La decisión del Pleno del ayuntamiento de Alboraya, con los votos a favor de PSPV, Compromís, Ciudadanos e Izquierda Unida, de iniciar el expediente de disolución de la entidad de conservación de Port Saplaya podría provocar un nuevo conflicto con los vecinos de esta zona.

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En el propio pleno, una representación de vecinos de Port Saplaya, representantes de la Entidad de Conservación y miembros de la AVV Port Saplaya manifestaron sus quejas por las prisas municipales de iniciar el expediente de disolución de la entidad de conservación.

El PP de Alboraya recordó que todas las fuerzas políticas del pleno municipal estaban a favor de su disolución “pero no de las formas empleadas” ya que esta decisión provocará entre otras cosas que “el ayuntamiento de Alboraya tenga que asumir las competencias de esa entidad al no existir otra entidad que la sustituya en sus funciones”.

Según explicó la portavoz popular Virginia Garrigues, esta decisión provocará que el ayuntamiento tenga que hacerse cargo económico del pararrayos, de la antena de televisión e incluso del mantenimiento de la piscina del Pla de l’Estany hasta que se cree la figura jurídica que asuma esas competencias.

Garrigues manifestó la voluntad de su grupo de buscar soluciones y no crear un problema mayor “debemos comenzar la casa por los cimientos, no por el tejado. Hay que buscar la figura jurídica que pueda sustituir a la entidad y comenzar el traspaso de competencias que tiene la primera, lo que no podemos hacer es disolver algo y no saber qué pasará después; más aún cuando uno de los informes técnicos dice que las competencias son privadas y el ayuntamiento no las puede asumir”.

Garrigues calificó de “imprudente comenzar un proceso sin tener nada claro, creando un conflicto entre vecinos, cuando todas las partes tienen claro que la entidad debe desaparecer. Por ello, hemos solicitado la creación de una comisión donde tuvieran voz todos los partidos, los vecinos afectados y la entidad”.


 
 
 

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