El equipo de Gobierno, vistos los resultados obtenidos en los municipios que ya han iniciado este registro, ha optado por modificar sus ordenanzas para poder aplicar la medida cuanto antes.
De momento, la ordenanza fiscal, que establecía una tasa por la que se pagaba un precio módico por la extracción de la muestra y su posterior análisis (precio que se ofrece a todos los veterinarios del pueblo y estos libremente pueden optar por adherirse a la campaña y ofrecer el servicio o no) se quedó sobre la mesa por las dudas que suscitó entre algunos grupos el coste que pueda suponer para el Ayuntamiento la gestión posterior (recogida en vía pública y análisis de muestras para identificar al infractor).
El concejal de Vías Públicas, Manuel Dueñas, explicó que el coste de la obtención del ADN era mínimo para el propietario del animal, y la ordenanza fiscal asegura ese extremo y que el coste para el Ayuntamiento no aparece en la ordenanza porque no es necesario y se podrá concretar y acotar cuando se estudie la contratación con la empresa que proporciona el servicio. Lamentablemente la oposición insistió en su postura, retrasando el procedimiento un mes más.
El Ayuntamiento insiste en que espera que la medida sea sobre todo disuasoria y anime a los propietarios a ser más cuidadosos, lo que ha de revertir inmediatamente en el mantenimiento de la vía pública libre de excrementos.
Por otra parte, a penas tiene previsto invertir unos 3.000 euros anuales en la medida y con tan sólo 10 sanciones, (de 300 euros cada una como establece la nueva ordenanza aprobada) se cubre dicho coste. La ordenanza fiscal se llevará de nuevo al próximo Pleno y el equipo de gobierno espera que para entonces los concejales hayan podido resolver sus dudas y se pueda aprobar sin más entorpecimientos.
