El pleno del Ayuntamiento de Alboraya ha aprobado una moción en la que se da un ultimátum a la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana para que proceda a desalojar el asentamiento ilegal que durante años permanece en la zona ubicada junto a la ermita de Els Peixets y la playa de la Patacona. O desaloja el terreno antes del 30 de septiembre o se iniciará el procedimiento judicial. 
La moción, presentada por el PP y aprobada con los votos del grupo popular y los tres concejales no adscritos y la abstención de PSPV, Cialbo y Bloc, pretende acelerar la solución a un problema que se alarga durante años y al que, desde el Consistorio, se le ha intentado dar diversas soluciones. Sin embargo, ninguna de ellas ha surtido efecto y varias familias (alrededor de una treintena de personas) permanecen asentadas con caravanas en esta zona, propiedad del Ministerio de Fomento, durante más de cinco años.
Se trata de la parcela ubicada ente la Ermita de Els Peixets y la playa de la Patacona, una zona que el Ayuntamiento quiere revalorizar convirtiéndola en paraje natural y realizando diversas actuaciones que no podrá llevar a cabo mientras la Delegación de Gobierno no proceda a desalojar el asentamiento ilegal. En 2005 se remitió el primer escrito a Delegación solicitando su actuación y, desde entonces, se han enviado doce escritos para mantener una reunión y consensuar una solución.
Al parecer, y según denuncia el PP, ninguno de ellos ha obtenido respuesta por lo que el siguiente paso es concluir la vía administrativa e iniciar la judicial. El grupo del PSPV, por su parte, decidió abstenerse considerando que debían de agotar la vía institucional.
Mala imagen
El asentamiento ilegal, en el que viven varias familias desde hace años, está ubicado en un lugar que el Ayuntamiento quiere poner en valor y, por ello, considera que la actual situación da una mala imagen al municipio y perjudica sus aspiraciones turísticas.
Pero no es sólo ese el problema y es que las familias, con niños pequeños, viven en condiciones de insalubridad que el Consistorio ha intentado suprimir ofreciendo a estas familias ayudas sociales de emergencia, la escolarización de sus hijos e, incluso, pisos sociales del Instituto Valenciano de la Vivienda.
Sin embargo, según fuentes municipales, han rechazado cualquier ayuda y prefieren mantener su asentamiento en esta zona del municipio viviendo en caravanas sin luz ni agua corriente. Cuando el Ayuntamiento agotó la vía social para intentar que las familias dejaran el lugar de manera pacífica inició la vía institucional pidiendo a la Delegación de Gobierno, en representación del Ministerio de Fomento, propietario de la parcela, que interviniera.
Al no obtener respuesta, el pleno ha decidido lanzar un ultimátum y, si en el plazo de dos meses, el Gobierno no interviene dando una solución pacífica para el desalojo de estas personas, el Consistorio recurrirá a los tribunales para que una orden judicial permita desalojarlos aunque desde el equipo de Gobierno aseguran que obligarlos a abandonar el asentamiento contra su voluntad nunca ha sido la intención del Ayuntamiento que prefería alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes. © Celia Dubal/Hortanoticias
