Admitida la denuncia contra el Ayuntamiento por irregularidades en la concesión de las becas de la Diputación

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por el PP de Aldaia contra el Ayuntamiento de la localidad por supuestas irregularidades en la concesión de las becas englobadas dentro del proyecto ‘La Dipu te beca’ de la Diputación de Valencia.
La institución provincial concedió treinta becas con una duración de tres meses, que el Consistorio convirtió en 90 becas de un mes de duración, una acción que está permitida por el ente provincial. De igual modo, las bases de este programa posibilitaban que cada municipio añadiera cláusulas a la hora de establecer la selección y, en el caso de Aldaia, se primó que el solicitante viviera en la localidad y que no hubiera disfrutado con anterioridad de esta beca.

Sin embargo, el problema se produjo cuando la Comisión de Valoración que se reunió el 31 de mayo de 2010 excluyó sin baremar a los grupos de estudiantes que no eran del municipio o que se les había concedido la beca con anterioridad, “cuando en realidad en ningún caso se les podía excluir, sino que lo que decían las bases es que a los que fueran del municipio y a los que no habían sido becados se les darían puntos, de manera que se les primaría”, explica la portavoz del PP local, Carmen Jávega.

De hecho, el ser vecino de Aldaia se premiaba con cuatro puntos y no haber disfrutado de la beca de la Diputación de Valencia con dos puntos. Por ello, Jávega se pregunta “porqué incluyó el Ayuntamiento estos conceptos si luego no pensaba baremarlos”.

Así, el 4 de junio de 2010 se publicó el listado provisional con la puntuación obtenida, momento en el que numerosos aspirantes presentaron quejas porque se consideraba que la baremación no se había realizado correctamente y que el procedimiento no se había realizado según las normas. Asimismo, según ha podido saber el PP de Aldaia, los aspirantes que se habían quedado fuera del proceso solicitaron en reiteradas ocasiones que se les indicara qué puntuación habían obtenido, sin obtener ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento.

Lo mismo les ocurrió a varios representantes del PP que solicitaron al Consistorio tanto el expediente como la baremación. Finalmente, el 28 de junio, el Ayuntamiento facilitó al PP un listado con los admitidos y “un escueto expediente” pero en ningún caso se hace referencia a los excluidos, por eso “creemos que no nos han dado las valoraciones ni a nosotros ni a ellos porque no los han baremado”, afirma Jávega.

De igual modo, la portavoz popular señala que en la lista de espera hay también aspirantes que han obtenido más puntuación que los becados y que sin embargo no han sido seleccionados.

Carmen Jávega explica, además, que el acto es nulo de pleno derecho porque la Comisión de Valoración “ni tiene ni puede tener competencia alguna para dictar una resolución administrativa”.

“Desde el PP tuvimos la inquietud de llevar esto a los tribunales al ver que la baremación estaba poco clara y que tras solicitar en varias ocasiones el expediente y el listado se nos ponían trabas y cuando finalmente se nos dio, tampoco esclarecía mucho las cosas”, afirma la portavoz del PP de Aldaia.

Ante estos hechos, el juez instructor ha obligado al Consistorio, gobernado por la socialista Empar Navarro, a que envíe cartas a todos los que se presentaron a este proceso, tanto los seleccionados como los que no lo fueron, para que se personen en el juicio.

En ese sentido, Jávega señala que “el PP en ningún momento quiere perjudicar a los beneficiarios de estas becas, sino que lo que pretendemos es que se realice un reparto equitativo y que si se han cometido irregularidades, que el Ayuntamiento compense a los afectados en la medida de los posible tanto formativa como económicamente”.

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