Según ha señalado la portavoz del PP de Aldaia, Carmen Jávega, el Consistorio otorgó a la empresa constructora Bigeco la licencia de construcción del citado sector a cambio de que ésta urbanizara la zona y construyera 176 VPO, lo que implicaba, además de la cesión de terrenos municipales, la expropiación de determinadas parcelas a particulares.
Sin embargo, ha explicado que la constructora edificó finalmente 128 viviendas protegidas y 48 áticos libres y diversos bajos comerciales, lo que provocó el malestar de los propietarios de los terrenos, a quienes se les habían expropiado las parcelas a precio de VPO, limitado, y que decidieron llevar el caso a los tribunales.
En este sentido, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de julio de 2007 reconoce que se produjo un “enriquecimiento injusto” por parte del promotor y estima la existencia de una responsabilidad patrimonial por parte del Ayuntamiento, dado que sus técnicos “asumieron y consintieron la ejecución de la promoción de viviendas tal y como le fue presentada”, por lo que le insta a indemnizar a los afectados.
PP: El Ayuntamiento “sabía que Bigeco iba a incumplir el acuerdo”
Ante esta situación, el PP afirma que el equipo de Gobierno de Navarro “sabía que Bigeco iba a incumplir el acuerdo de construir 176 VPO porque cuando la constructora pidió la licencia de obra, ya se reflejaba cual era el proyecto final” y, aún así, “dejaron que las cosas continuaran, y cuando tenían que otorgar la licencia de primera ocupación, como sabían que lo habían hecho mal, optaron por el silencio administrativo”.
“Para nosotros, el Ayuntamiento no ha fiscalizado ni ha controlado que se desarrollaran las obras como se había acordado en la licencia, perjudicando tanto a los propietarios de los terrenos que inicialmente cobraron menos de lo que debían como a 48 vecinos que se han quedado sin la opción de acceder a una VPO, como al propio Ayuntamiento de Aldaya, que somos todos, y al que también le correspondía el aprovechamiento que se cedió a la urbanizadora”, ha destacado Jávega.
Según los 'populares', el Consistorio se justificó en su momento en que la Generalitat hizo una modificación de la ley en la que permitía edificios mixtos, con viviendas protegidas y libres, aunque aseveran que este razonamiento no tiene validez ya que “cuando se le otorgó a Bigeco la construcción y urbanización de esta zona junto al Tama, se habla exclusivamente de VPO y así lo entendió el TSJCV”.
Por todo ello, el PP local presentó el pasado mes de septiembre una querella, que ya ha sido admitida a trámite, contra Navarro y Ferrer por un presunto delito de prevaricación que puede acarrear una multa económica de 12 a 24 meses o prisión de seis meses a dos años y, además, inhabilitación especial para empleo o cargo público de entre 7 y 10 años.
Jávega: Este Gobierno está “quemado y caducado”
Para la portavoz del grupo popular de Aldaya, este no es más que otro de los flancos de 'guerra' que mantiene el PP contra el Ayuntamiento, que se suma al conflicto por las pancartas, por las becas de la Diputación o a las alegaciones de los 'populares' contra la instalación de una gasolinera frente al pozo de agua.
Según Jávega, estos frentes abiertos, a los que ahora se suma esta nueva querella, se producen porque el equipo de Gobierno de Navarro “está quemado, caducado y agotado” tras 32 años en el poder.
“Dicen que politizamos las cosas, pero estas reclamaciones no tienen que ver con nosotros, comenzaron por parte de los ciudadanos, gente que está harta de que no le hagan caso”, ha agregado la 'popular', que ha reiterado que al grupo popular cada vez le cuesta más hacer oposición porque “se ponen todas las trabas que se pueden poner y por no recibir, no recibimos ni respeto”.
